Y cuando despertó, la inseguridad todavía estaba ahí

No se ve por ahora voluntad política de partidos o grupos para impulsar una agenda común en seguridad, cuando la creciente violencia en el país debería servir de impulso para ello.

Por: Christian Ehrlich

Al momento de escribir estas líneas, ninguno de los aspirantes a la presidencia ha dicho, con claridad, qué significa para él o ella seguridad nacional, qué piensa hacer con la Policía Federal –abandonada desde 2012– qué con las Fuerzas Armadas, qué con las policías estatales y municipales; nada.

Nadie dice nada porque, quizás, nadie tiene la menor idea de qué hacer.

El 2 de julio en la noche, justo después de que las últimas casillas electorales cerraron, imagino al ganador o ganadora de la elección presidencial saliendo a medios con los brazos levantados.

Quizás haya más de uno, o una, que declaren la victoria aun cuando –muy probablemente- los números entre punteros serán sumamente cerrados.

No me preocupa tanto ese día, ni las semanas o meses previos a la elección; me preocupa el 3 de junio y lo que venga después.

Así de simple y así de grave.

Por ello, veo fundamental que los diversos partidos políticos y aspirantes a la Presidencia de la República se comprometan con un “piso mínimo” en materia de política de seguridad nacional. Tal vez lo mismo debería aplicar para los otros grandes temas de la agenda nacional, léase educación, trabajo, competencia, etc; pero, como señalé con anterioridad, la función principal del Estado es la protección de sus ciudadanos y, sin ésta, toda política pierde viabilidad.

No propongo más diagnósticos, de esos que se han hecho muchos y que llegan a la misma conclusión: la violencia ha crecido en aquellos lugares –y momentos- donde el Estado se ha replegado, abandonando la tarea de construir instituciones de seguridad civiles fuertes y profesionales, al amparo de mecanismos que prevengan y sancionen la corrupción política que permea y carcome lo poco que queda de dichas instituciones.

Recientemente pregunté a unos amigos colombianos y chilenos sobre cómo México podría consolidar sus estructuras de seguridad nacional más allá de la coyuntura política. La respuesta fue simple: “cuando en tu país –me dijeron- la clase política se dé cuenta de que la seguridad nacional es un tema de Estado que también garantiza su permanencia, entonces podrán avanzar en la materia”.

Este pacto nacional, o piso mínimo de seguridad nacional, debería abarcar, más no limitarse, a estos tres aspectos principales:

  1. Fortalecimiento, sin precedentes, de la Policía Federal
    Con poco más de 30 mil elementos, la Policía Federal tiene poco o nada que hacer frente a un fenómeno delictivo evolutivo y adaptativo. Sin embargo, el fortalecimiento de la PF no sólo debe medirse en lo cuantitativo, sino también en sus procesos de selección, retención de personal y control de confianza. Debe adoptarse, sin pretextos, el modelo de Auditor Externo al que este gobierno se comprometió en 2013 y decidió no apoyar.
  2. Definir, de una vez por todas, un Modelo Nacional de Policía
    Este debe especificar el papel de las policías locales y estatales, sobre un sistema de controles (internos, ciudadanos y legislativos) que fije estándares de cumplimiento mínimos y sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento. No debe crearse, como proponía el PAN, un organismo independiente tipo INE o INAI, toda vez que ya se tiene un Sistema Nacional de Seguridad Pública que, de recibir el impulso y los dientes necesarios, sería el ente fundamental para esta tarea.
  3. Aprobar una legislación integral en materia de seguridad interior
    No para perpetuar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública –lo que tampoco quieren en la SEDENA y la SEMAR– sino precisamente para definir, con claridad, las circunstancias y temporalidad de una intervención militar en zonas del país bajo el asedio de grupos criminales complejos. Esta legislación debería estar acompañada, sin pretexto, de una redacción clara que especifique las obligaciones de la autoridad civil de profesionalizar a sus policías mientras dure la intervención federal y, de no hacerlo, sufrir las sanciones administrativas y penales necesarias. No se vale dejar a las Fuerzas Armadas intervenir en una zona sin obligar a los municipios y gobiernos estatales a hacer su parte.

No veo por ahora la voluntad política de partidos o grupos para impulsar esta agenda común en seguridad, pero la creciente violencia en el país bien debería servir de impulso para ello.

Si nuestra clase política no se ha dado cuenta de que la seguridad nacional es una función de Estado que trasciende coyunturas, el riesgo de sumir a México aún más en esta espiral de violencia es inminente.

México necesita que el nuevo presidente o presidenta se levante, la mañana del 3 de julio, sabiendo que hay en el país un acuerdo mínimo sobre el tema.